Miguel Ángel
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe en la investigación que sacude los cimientos de la contratación pública vinculada a la esfera socialista. Agentes del Instituto Armado han detenido este jueves en Vizcaya a Antxon Alonso, empresario y figura central de la mercantil Servinabar 2000 S.L., conocida por sus vínculos con Santos Cerdán, ex número tres del PSOE.
El arresto de Alonso se produce apenas 24 horas después de las detenciones de Leire Díez, exmilitante socialista y antigua empleada de una filial de la SEPI, y de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fuentes de la investigación confirman que estas actuaciones responden a una operación coordinada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Antonio Piña y la Fiscalía Anticorrupción.
Servinabar: el nexo de unión
El foco de las pesquisas se sitúa sobre Servinabar, la empresa navarra administrada por Alonso. Los investigadores sospechan que esta sociedad, teóricamente dedicada a servicios y construcción, podría haber funcionado como un vehículo instrumental para canalizar presuntas comisiones ilegales (“mordidas”) y articular favores en adjudicaciones públicas.
La relación entre Alonso y Santos Cerdán es uno de los puntos críticos del sumario. Aunque Cerdán ha negado públicamente ser socio de la empresa, informes previos de la UCO y documentos incautados sugieren una estrecha relación personal y presuntos intereses económicos compartidos. De hecho, se investiga si el dirigente socialista pudo tener una participación encubierta en la sociedad, que experimentó un notable crecimiento en su facturación coincidiendo con contratos adjudicados por grandes constructoras como Acciona.
Una trama de “vasos comunicantes”
La detención de Antxon Alonso cierra el círculo sobre los movimientos de los otros dos arrestados. Vicente Fernández, tras su salida de la presidencia de la SEPI en 2019, pasó a formar parte de la plantilla de Servinabar entre 2021 y 2023, lo que para los investigadores evidencia el flujo de favores y puertas giratorias dentro de la presunta trama.
Mientras Alonso era detenido en el País Vasco, la UCO desplegaba una batería de registros simultáneos en Madrid, Sevilla y Zaragoza. El objetivo es incautar documentación física y digital en sedes de empresas satélites vinculadas a Servinabar que permitan rastrear el destino final de los fondos públicos presuntamente malversados.
Próximos pasos judiciales
La causa, que permanece bajo secreto de sumario, investiga delitos de fraude en la contratación, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Se espera que Antxon Alonso, al igual que Díez y Fernández, pase a disposición judicial ante la Audiencia Nacional en las próximas horas, donde el magistrado decidirá sobre su ingreso en prisión o libertad con cargos.
Esta nueva fase de la operación, que conecta empresarios, altos cargos públicos y figuras orgánicas del partido, amenaza con abrir una nueva brecha política mientras la investigación continúa analizando los terabytes de información intervenidos.
