Miguel Ángel
Madrid. El cerco judicial sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha cerrado definitivamente este jueves. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Ábalos, su antiguo hombre de confianza, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La decisión judicial no solo marca el inicio de la vista pública, sino que confirma que tanto el exministro como su exasesor continuarán en situación de prisión preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real.
Una batería de delitos de corrupción
La resolución del Alto Tribunal llega un día después de que la Sala de Apelaciones ratificara el procesamiento de los investigados. El juez Puente imputa a los acusados una larga lista de delitos graves relacionados con la gestión durante la pandemia y el uso ilícito de fondos públicos.
En concreto, se les juzgará por integración en organización criminal, cohecho continuado (activo y pasivo), tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación y uso de información privilegiada. Según el auto, estos cargos no se limitan únicamente a la compra fraudulenta de material sanitario (mascarillas) durante la crisis de la COVID-19, sino que abarcan una supuesta trama de corrupción sistémica dentro del Ministerio.
Además de la responsabilidad penal, el instructor ha fijado una fianza de 60.000 euros para Ábalos y Koldo García con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de la sentencia.
Villas de lujo y contrataciones irregulares
El juicio, que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre de 2026 bajo la presidencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, examinará hechos que van más allá de los contratos sanitarios. La Sala de lo Penal investigará también las contraprestaciones que presuntamente recibió el exministro.
Entre los puntos clave de la acusación figuran el disfrute de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) y estancias vacacionales en una villa de lujo en Marbella (Málaga), supuestamente costeados por la trama. Asimismo, se juzgará la contratación presuntamente irregular de personas del entorno personal de Ábalos en empresas públicas dependientes de Transportes.
Horizonte penal y blindaje del caso
La situación procesal de Ábalos es crítica. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 24 años de prisión para el exministro y 19 años para Koldo García. Matemáticamente, el ex número dos del PSOE se enfrenta a una pena mínima de 12 años y medio si fuera condenado por los cinco delitos principales que se le atribuyen.
Con la emisión del auto de apertura de juicio oral, se produce un efecto jurídico inmediato: José Luis Ábalos pierde la posibilidad de renunciar a su acta de diputado para derivar la causa a la justicia ordinaria (Audiencia Nacional). De este modo, será juzgado inevitablemente por el Tribunal Supremo debido a su condición de aforado en el momento de los hechos y del procesamiento.
