España amanece este martes 9 de diciembre con un nuevo conflicto sanitario a gran escala. Los médicos de todo el país han iniciado una huelga de cuatro días —la tercera en lo que va de año— convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y respaldada por organizaciones autonómicas como el Sindicato Médico Andaluz (SMA). El motivo central de la protesta es el rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco que ultima el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, un texto que los facultativos consideran “regresivo” y lesivo para el futuro de la profesión.

Un “no” rotundo al Estatuto Marco de Mónica García

El detonante de este paro, que se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre, es la negociación del nuevo Estatuto Marco, la norma que rige las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los sindicatos médicos denuncian que el borrador presentado por el Ministerio no solo no resuelve los problemas endémicos de la sanidad, sino que consolida la precariedad.

La principal reivindicación de los convocantes es clara: exigen un estatuto específico para el personal médico. Argumentan que su responsabilidad, formación y exigencia laboral son singulares y no pueden diluirse en una normativa generalista negociada en mesas donde los sindicatos de clase (como UGT o CCOO) tienen mayoría, a menudo decidiendo sobre condiciones que no les afectan directamente.

Desde el Ministerio, la postura es diametralmente opuesta. Mónica García ha calificado de “inasumible” la petición de un estatuto propio, apelando a la “responsabilidad colectiva” para sacar adelante una reforma que lleva dos décadas pendiente. Sin embargo, para los médicos, la ministra ha pasado de ser una “activista de bata blanca” a una política que ignora a sus antiguos compañeros, acusándola de haber eliminado del texto mejoras que ya se habían apalabrado en reuniones previas.

¿Qué piden exactamente los médicos?

Más allá del marco legal propio, la tabla de reivindicaciones incluye mejoras tangibles que afectan al día a día de los hospitales y centros de salud:

• Jornada de 35 horas semanales: Una demanda histórica para equipararse a otros funcionarios.
• Guardias dignas: Exigen que las horas de guardia (que pueden extender la jornada hasta las 24 horas continuadas) cuenten para la jubilación y se retribuyan, como mínimo, al precio de la hora ordinaria, algo que actualmente no ocurre.
• Clasificación profesional: Reclaman el reconocimiento de una categoría superior (A1+) acorde a la exigencia de su formación y responsabilidad.
• Profesión de riesgo: Quieren que la medicina sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo, dada la “penosidad” y el aumento de agresiones que sufren.

Impacto en los pacientes y servicios mínimos

La huelga llega en un momento delicado, coincidiendo con el inicio de la temporada de virus respiratorios y gripe. Se espera que el paro obligue a cancelar miles de consultas y cirugías no urgentes, engrosando unas listas de espera que ya superan los 800.000 pacientes quirúrgicos en todo el país.

Para mitigar el impacto, las comunidades autónomas han fijado unos servicios mínimos que los sindicatos tildan de “abusivos”. En algunas regiones, se ha impuesto el 100% de cobertura en servicios de urgencias, oncología, diálisis y unidades de cuidados intensivos, y porcentajes muy elevados en Atención Primaria, lo que en la práctica impide a muchos facultativos ejercer su derecho a la huelga.

El conflicto amenaza con enquistarse. Si no hay movimientos por parte del Ministerio de Sanidad, los sindicatos ya han advertido que las movilizaciones podrían endurecerse de cara a enero, poniendo en jaque al sistema en pleno invierno.