Cinco años después de que la pandemia de COVID-19 golpeara con virulencia las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, dejando un saldo de 7.291 fallecidos sin atención hospitalaria, la batalla judicial ha entrado en una fase decisiva. Lo que durante años pareció un callejón sin salida para los familiares, que veían cómo sus querellas eran archivadas una tras otra, se ha transformado en 2025 en una ofensiva judicial reactivada que apunta directamente a la gestión política y sanitaria de la crisis.

Esta semana marca un punto de inflexión: varios juzgados de la región han llamado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los responsables de redactar y firmar los polémicos protocolos de exclusión sanitaria.

Los cuatro ex altos cargos investigados

La investigación, que se encontraba fragmentada y debilitada, ha cobrado fuerza con la imputación de cuatro figuras clave en el organigrama de la gestión de la crisis de marzo de 2020. Se les investiga por un presunto delito de discriminación en el acceso a un servicio público, una figura penal distinta al homicidio imprudente que había centrado las denuncias iniciales. Los citados son:

• Francisco Javier Martínez Peromingo: Médico y ex alto cargo que participó en la redacción de los protocolos y diseñó los criterios de geriatría.
• Carlos Mur: Ex alto cargo de la Consejería de Sanidad y firmante de los protocolos enviados a los hospitales.
• Pablo Busca: Entonces gerente del Summa 112, responsable de la gestión de las ambulancias públicas.
• Antonio Burgueño: Asesor externo que orientó a la presidencia de la Comunidad en los primeros días de la emergencia.

Las declaraciones, previstas en el juzgado 23 de Madrid y el 2 de Collado Villalba, buscan esclarecer quién dio la orden de aplicar unos criterios que, sobre el papel, impedían el traslado al hospital de ancianos con cierto grado de dependencia física o cognitiva, independientemente de sus posibilidades de supervivencia.

El giro en la estrategia legal: de la negligencia a la discriminación

Durante los primeros años, las familias agrupadas en plataformas como Marea de Residencias presentaron querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Sin embargo, se toparon con un obstáculo recurrente: los informes forenses. En la vía penal, resultaba extremadamente difícil probar el nexo causal; es decir, demostrar que un paciente concreto se habría salvado de haber sido trasladado al hospital. Bajo el argumento de la “pérdida de oportunidad terapéutica” y la falta de cura conocida en aquel momento, los jueces archivaban los casos al no poder certificar que la muerte fuera evitable.

El cambio de escenario llega tras una nueva denuncia colectiva impulsada en octubre del año pasado. Esta nueva vía jurídica no se centra en el resultado de muerte, sino en la negación del derecho a la asistencia. Se argumenta que se discriminó a los ciudadanos por razón de su edad o discapacidad, vulnerando su derecho a la salud pública, un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación.

Esta estrategia ha permitido reabrir procedimientos que parecían cerrados y ha obligado a los jueces a elevar la mirada desde los directores de las residencias y médicos de guardia hacia los responsables políticos que diseñaron las directrices.

Los “Protocolos de la Vergüenza”

El núcleo de la investigación reside en los documentos internos que la Consejería de Sanidad distribuyó a los hospitales y residencias en marzo de 2020. Estos protocolos sustituyeron el sistema habitual de derivación (el 061) por un sistema de triaje telefónico a través de “geriatras de enlace”.

Los documentos establecían criterios de exclusión basados en escalas de dependencia (como el índice de Barthel o la escala de fragilidad). Si un anciano no era autónomo o tenía deterioro cognitivo, se recomendaba no derivarlo al hospital y tratarlo en la residencia, a pesar de que estos centros carecían de medicalización real, oxígeno suficiente o personal cualificado para tratar una insuficiencia respiratoria aguda. Según los testimonios recogidos en las querellas, muchos mayores fallecieron en condiciones agónicas, “agarrados a las barandillas intentando respirar”, sin acceso a sedación paliativa adecuada.

La batalla por la “Macrocausa”

Actualmente, la mayor preocupación de las familias y sus abogados es la fragmentación judicial. Existen cerca de 100 procedimientos abiertos dispersos por diferentes juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid (Navalcarnero, Collado Villalba, Madrid capital, etc.). Esto provoca que cada juez avance a un ritmo diferente y con criterios dispares.

La representación legal de las víctimas ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para que se centralicen todas las investigaciones en un solo juzgado (se solicita que sea el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid). El objetivo es instruir una “macrocausa”, similar a la gestión judicial de otras grandes catástrofes, que permita unificar pruebas, testimonios y criterios, evitando así resoluciones contradictorias y el desgaste emocional de las familias, que llevan cinco años peregrinando por los tribunales.

Un horizonte judicial largo

A pesar de la reactivación, el camino se prevé largo. Los abogados de la acusación comparan este proceso con el caso del aceite de colza en 1981, donde las víctimas tardaron casi dos décadas en ver reconocida la responsabilidad del Estado.

Para portavoces como Carmen López y los cientos de familiares afectados, la imputación de la cúpula técnica es solo un paso intermedio. El objetivo final sigue siendo esclarecer las responsabilidades políticas últimas y obtener una sentencia que confirme que, en los momentos más duros de la pandemia, se decidió quién tenía derecho a intentar sobrevivir y quién no.