Una serie de mensajes de WhatsApp aportados a la causa judicial que investiga la tragedia de la DANA ha desmontado gran parte de la versión oficial mantenida hasta ahora por el Ejecutivo valenciano. Las conversaciones, fechadas el 29 de octubre de 2024, revelan una desconexión alarmante entre la gravedad técnica de la emergencia y la respuesta política de la cúpula del Consell, exponiendo respuestas displicentes y órdenes directas de evitar medidas drásticas de protección civil mientras los barrancos ya se desbordaban.

La alerta del mediodía y la respuesta de Mazón

Según los documentos entregados a la jueza, a las 13:03 horas de aquel fatídico martes, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, envió un mensaje directo al teléfono del president Carlos Mazón. En él, le advertía de la situación crítica en la Ribera Alta y señalaba explícitamente los puntos de mayor riesgo: “Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco del Poyo y río Magro”.

La respuesta de Mazón llegó aproximadamente media hora después, mientras se encontraba en una comida privada en el restaurante El Ventorro. Su contestación al aviso sobre el riesgo hidrológico fue una sola palabra: “Cojonudo”.

Esta respuesta, que contrasta con la angustia que ya se vivía en los servicios de emergencia, se produce en un momento en el que el president aseguraba posteriormente no tener conocimiento detallado de la gravedad de la situación. Los mensajes confirman que la información sobre el peligro del barranco del Poyo estaba en su dispositivo móvil horas antes de que la situación se tornara irreversible.

La orden de Presidencia: “Salo, de confinar nada”

A medida que avanzaba la tarde y la situación se volvía catastrófica, la tensión se trasladó a las comunicaciones entre Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón. A las 19:54 horas, cuando el agua ya arrasaba localidades enteras y el Cecopi debatía el envío de la alerta masiva a los móviles, Cuenca envió una instrucción tajante a la consellera: “Salo, de confinar nada, por favor. Calma”.

Pradas intentó rebatir la orden describiendo la realidad sobre el terreno: “Están las cosas muy muy mal, desbordamientos por toda la provincia”. Sin embargo, desde Presidencia se insistió en minimizar la respuesta, argumentando que confinar una provincia entera era “una barbaridad” y sugiriendo que tal medida requería un estado de alarma que no era competencia autonómica, una interpretación que Pradas corrigió recordando que la Ley de Emergencias sí lo permitía.

Contradicciones con la versión oficial

Este intercambio de mensajes supone un golpe directo a la defensa política de la gestión de la crisis. Mazón había declarado en la comisión de investigación que nadie le informó de víctimas mortales hasta la madrugada. Sin embargo, los registros muestran que a las 16:28 horas, Pradas ya había informado por escrito al jefe de gabinete de Mazón de “un fallecido en Utiel”.

La instrucción de “calma” y la negativa a confinar a la población llegaron apenas unos minutos antes de que, finalmente, a las 20:11 horas, se enviara el sistema de aviso ES-Alert a la población, una medida que para miles de valencianos llegó demasiado tarde.

La aparición de estas pruebas documentales sitúa la responsabilidad no solo en la falta de información técnica, como se había argumentado inicialmente, sino en decisiones políticas conscientes que frenaron la adopción de medidas de autoprotección en los momentos decisivos de la catástrofe.