Madrid, 5 de diciembre de 2025. – Lo que comenzó como un rumor ha terminado por convertirse en una tormenta perfecta que amenaza con desestabilizar la legislatura. El denominado ‘Caso Salazar’ ha roto los diques de contención en el entorno de Pedro Sánchez, superando en impacto mediático y político a crisis anteriores, al tocar una de las banderas fundamentales del Gobierno: el feminismo y la protección a las mujeres.

El goteo de denuncias: ya son cuatro las víctimas

La situación procesal y ética de Salazar se ha agravado considerablemente en las últimas 24 horas. Según las últimas informaciones, el número de mujeres que han denunciado haber sufrido acoso por parte del ya excolaborador ha ascendido a cuatro. Este incremento en los testimonios ha desmontado la defensa inicial de que se trataba de un hecho aislado, dibujando en su lugar un patrón de conducta que ha puesto en guardia a las organizaciones feministas y ha generado una profunda incomodidad en el electorado progresista, especialmente entre las votantes, cuyo apoyo se considera vital para la estabilidad del Ejecutivo.

La polémica de los 6.000 euros y el borrado digital

Paralelamente a la vertiente judicial, el escándalo ha adquirido una dimensión económica y de transparencia que apunta directamente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Se ha revelado que el partido eliminó de su página web la información relativa al sueldo de Salazar en cuanto comenzaron a trascender las primeras denuncias.

Los datos, que estuvieron públicos hasta hace pocos días, indicaban que Salazar percibía una remuneración mensual de 6.000 euros. La maniobra de borrar este rastro digital ha sido interpretada por la oposición y por sectores críticos dentro del propio partido no como una medida de cautela, sino como un intento de ocultación que ha terminado por ser contraproducente, alimentando la sospecha de que la dirección conocía la gravedad de los hechos antes de actuar contundentemente.

El cortafuegos de Sánchez en peligro

Si los casos anteriores, como el de Koldo o las polémicas de Ábalos, desgastaron la imagen del Gobierno por cuestiones de corrupción material, el ‘Caso Salazar’ ataca la línea de flotación moral del Ejecutivo. Analistas políticos coinciden en que este escándalo ha roto el “cortafuegos” que protegía la figura del presidente. La sensación generalizada es que la crisis es cualitativamente peor que las anteriores porque invalida el discurso de ejemplaridad en materia de igualdad.

La gestión de la crisis por parte de la cúpula de Ferraz ha abierto un frente interno inesperado. Voces dentro del partido cuestionan la lentitud en la reacción y la falta de contundencia inicial, temiendo que el “goteo” de informaciones continúe erosionando la credibilidad del proyecto de cara a los próximos ciclos electorales. La comparación con la gestión de crisis pasadas sugiere que, esta vez, el cierre de filas no está siendo tan hermético como en ocasiones anteriores.

Con cuatro denuncias sobre la mesa y la transparencia del partido en entredicho, el Gobierno afronta un final de año complejo, obligado a dar explicaciones que vayan más allá de la condena retórica para intentar recomponer la confianza de su base social.