CÁDIZ. — La estabilidad política del Partido Socialista en la provincia de Cádiz atraviesa sus horas más bajas. Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, alcalde de San Roque y diputado en el Congreso, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con contratos irregulares.

Esta situación judicial no solo compromete su liderazgo institucional, sino que ha desatado una fuerte tensión interna en las filas socialistas, donde diversas voces comienzan a cuestionar la viabilidad de su mandato al frente de la secretaría provincial.

El origen de la investigación: el “Caso Deportes”

El foco de la polémica se sitúa en el Ayuntamiento de San Roque. La justicia investiga la presunta contratación irregular de un técnico para el Servicio de Deportes municipal. Según las diligencias, la persona beneficiada sería la pareja sentimental de la secretaria general del Ayuntamiento, un vínculo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso de selección.

Las pesquisas apuntan a que el proceso selectivo podría haber sido “amañado” o dirigido para favorecer a este candidato específico, eludiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el empleo público. La denuncia inicial sugiere que existió connivencia entre la alcaldía y los órganos técnicos para facilitar esta incorporación.

El laberinto judicial y el aforamiento

La situación procesal de Ruiz Boix es compleja debido a su condición de aforado por ser diputado en el Congreso. Inicialmente, la causa fue elevada al Tribunal Supremo, órgano competente para juzgar a parlamentarios nacionales.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha devuelto recientemente las actuaciones al juzgado de instrucción original en San Roque. El Supremo argumenta que, antes de asumir la causa, es necesario que la investigación local agote todas las diligencias y “individualice” de forma sólida los indicios delictivos contra el aforado. Lejos de ser una exoneración, este movimiento procesal implica que la lupa judicial sigue puesta sobre la gestión del alcalde, obligando al juzgado local a profundizar en la instrucción.

Tensión interna y fractura en el partido

Más allá de los tribunales, el impacto político es inmediato. La imputación ha servido de catalizador para reavivar las críticas internas dentro del PSOE de Cádiz. La dirección provincial ya se encontraba debilitada tras los últimos resultados electorales, que consolidaron el poder territorial del Partido Popular en la provincia y en la Junta de Andalucía.

Varios sectores del partido consideran que la situación de Ruiz Boix es “insostenible” y que su defensa personal está lastrando la capacidad de oposición de la formación. Las críticas apuntan a que la agenda judicial del líder provincial está eclipsando la agenda política, impidiendo al PSOE gaditano rearmarse de cara a futuros comicios.

Mientras el entorno de Ruiz Boix defiende su presunción de inocencia y enmarca la denuncia en una campaña de desgaste político, la oposición y los sectores críticos internos exigen explicaciones claras y contundentes sobre los contratos bajo sospecha.

Próximos pasos

La instrucción continuará ahora en los juzgados de San Roque, donde se espera la práctica de nuevas pruebas testificales y documentales para esclarecer si hubo intervención directa del alcalde en la contratación. El resultado de estas diligencias determinará si el caso vuelve al Tribunal Supremo, lo que podría forzar un relevo en la cúpula del socialismo gaditano.