El exministro de Transportes revela que la formación financió a su abogado hasta hace apenas dos meses, denunciando que la estrategia legal buscaba proteger las siglas del partido por encima de sus intereses personales.
En un giro que agrava aún más la crisis interna en la formación socialista, el exministro José Luis Ábalos ha revelado detalles inéditos sobre la gestión de su defensa legal tras el estallido del caso que lleva el nombre de su exasesor. Según ha confesado el propio diputado, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa de que el partido se hiciera cargo de los honorarios de su abogado, una situación que se mantuvo hasta hace solo dos meses.

La revelación apunta a una maniobra controlada desde la cúpula para garantizar el silencio del ex secretario de Organización. Ábalos sostiene que el objetivo de estos pagos no era proporcionarle una defensa jurídica eficaz, sino “tenerlo callado” y evitar que tomara decisiones que pudieran perjudicar al Ejecutivo o a la imagen del partido en un momento de máxima tensión política.

Una defensa bajo sospecha

El letrado encargado de la defensa, José Aníbal, habría sido el eje de esta estrategia. Según la versión ofrecida por el exministro, el abogado actuaba bajo las directrices de Ferraz, priorizando los intereses de la organización sobre la defensa técnica de su cliente.

Fuentes cercanas al caso indican que existieron reuniones discretas entre el equipo de “fontaneros” del partido y el abogado, encuentros que se habrían producido en despachos privados para coordinar la estrategia procesal. Durante meses, Ábalos habría sentido que su representación legal le presionaba para aceptar escenarios que le perjudicaban personalmente pero que blindaban al Gobierno, incluyendo maniobras relacionadas con su acta de diputado que habrían sido filtradas a la prensa sin su consentimiento.

El fin de la financiación y la ruptura total

El flujo de pagos se detuvo hace sesenta días, coincidiendo con el distanciamiento definitivo y la escalada de hostilidades entre el diputado del Grupo Mixto y su antigua formación. Al cortarse la financiación de la defensa, Ábalos habría decidido exponer lo que considera una instrumentalización de su situación judicial.

Esta confesión añade una nueva capa de complejidad al horizonte judicial del Gobierno, sugiriendo que la maquinaria del partido se empleó activamente para contener el alcance político del escándalo mediante el control económico de la defensa de los implicados.