La colaboradora televisiva ha sido llamada a un acto de conciliación en los juzgados de Salamanca tras la demanda interpuesta por la organización, que considera sus declaraciones un ataque al honor.

La tensión entre los tertulianos de televisión y las organizaciones civiles ha escrito un nuevo capítulo este jueves 4 de diciembre en los juzgados de Salamanca. Sarah Pérez Santaolalla, conocida colaboradora en diversos espacios de debate político, ha tenido que comparecer en un acto de conciliación. El motivo: una demanda presentada por la asociación Hazte Oír a raíz de unos comentarios vertidos por la comunicadora el pasado mes de febrero.

El origen del conflicto se remonta al 11 de febrero de 2025. Durante una intervención en directo, Santaolalla lanzó duras críticas contra la organización, llegando a tildarla de “asociación ultraderechista” y “peligrosa”. La colaboradora no se detuvo ahí y cuestionó la pasividad judicial frente a estos grupos.

Entre las frases más polémicas que han motivado la acción legal, destacan acusaciones directas en las que Santaolalla afirmó: “Estos son los mismos que te hacen una manifestación a la puerta del juzgado llamándote criminal, sanguinario”. Además, insinuó que la organización podría presentarse en el domicilio del Fiscal General del Estado al disponer de su información privada, calificando a sus miembros de “auténticos delincuentes”.

La respuesta de Hazte Oír

La reacción de la entidad no se hizo esperar. Consideran que dichas afirmaciones son falsas, vejatorias y difamatorias, argumentando que atentan gravemente contra su honor y su imagen pública. Desde la organización han querido dejar claro que son una entidad civil legalmente constituida y que no cuentan con ninguna causa penal abierta ni condenas por delitos, rechazando de plano el calificativo de “delincuentes”.

Asimismo, Hazte Oír ha desmentido las acusaciones sobre acoso domiciliario. En su defensa, sostienen que jamás han realizado actos de protesta frente a viviendas particulares y que todas sus concentraciones públicas han contado con las autorizaciones pertinentes. También niegan categóricamente haber utilizado el término “sanguinario” en sus manifestaciones o estar involucrados en procedimientos relacionados con el Fiscal General en la fecha de las declaraciones.

Un paso previo a la vía judicial

La cita de este jueves es un acto de conciliación, un trámite necesario en este tipo de procedimientos civiles para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes antes de llegar a juicio. El objetivo es determinar si Santaolalla se retracta de sus palabras o si, por el contrario, se reafirma en ellas.

Si no hay avenencia entre la colaboradora y la asociación, el conflicto podría escalar, abriendo la puerta a una demanda formal por vulneración del derecho al honor. Este caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores y los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación.