El ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real ha supuesto el golpe más duro hasta la fecha para la estabilidad del Gobierno de coalición. Sin embargo, pese al impacto mediático y político que supone ver tras las rejas a quien fuera la “mano derecha” de Pedro Sánchez —sumándose al encarcelamiento previo de Santos Cerdán—, la sangre no ha llegado al río en el Congreso de los Diputados. Al menos, no todavía.

Los socios parlamentarios del Gobierno han optado por una estrategia de cautela y contención. La tesis generalizada entre las fuerzas que sustentan la mayoría de investidura es que el apoyo al Ejecutivo se mantiene intacto bajo una condición innegociable: que la corrupción se circunscriba al enriquecimiento personal y no aparezcan pruebas de una trama de financiación ilegal institucional del PSOE.

La línea roja: financiación ilegal

Fuentes parlamentarias coinciden en que el umbral de tolerancia se ha situado en la “corrupción institucional”. Mientras el caso se limite a las figuras de Ábalos, Cerdán y Koldo García, los aliados evitarán precipitar una caída del Gobierno que podría abrir las puertas a una mayoría de derecha.

Desde ERC, se ratifican en que su prioridad sigue siendo la negociación de una nueva fórmula de financiación para Cataluña, lo que aleja, por el momento, la ruptura. No obstante, advierten: si se demuestra que el dinero ilícito fluyó hacia el partido, la situación cambiaría drásticamente. En Sumar, socio minoritario de la coalición, la postura es similar. Voces de la formación liderada por Yolanda Díaz insisten en que se llegue “hasta el final” y “caiga quien tenga que caer”, intentando marcar distancias éticas con sus socios socialistas, aunque reconocen la extrema fragilidad del momento.

El PNV y el aviso de elecciones

Donde más evidente se hace el desgaste es en el PNV. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos y termómetro habitual de la estabilidad en Madrid, ha endurecido su discurso. Esteban ha alertado de que “las costuras del Estado se están tensando e incluso rompiendo”, señalando una inestabilidad parlamentaria que hace “prácticamente imposible” conseguir mayorías.

Aunque el PNV mantiene una alianza estable con los socialistas en Euskadi —lo que actúa como freno de emergencia ante una ruptura total—, sus dirigentes ya han sugerido públicamente que, en la piel del Presidente, comenzarían a pensar en una fecha para las elecciones generales.

La ofensiva de Feijóo y el silencio de Junts

Mientras el Gobierno intenta aislarse del ruido judicial, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su ofensiva. En un reciente acto en Barcelona con la patronal Foment del Treball, Feijóo solicitó la ayuda del empresariado catalán para convencer a Junts per Catalunya —y a la propia ERC— de apoyar una moción de censura.

La respuesta de los independentistas ha sido dispar. Gabriel Rufián (ERC) ironizó sobre la propuesta, mientras que Junts mantiene un perfil bajo. La formación de Puigdemont, decisiva en las votaciones, ha optado por el silencio, alegando desconfianza en una justicia española que consideran “politizada”, aunque su voto en contra en los recientes objetivos de déficit confirma que la mayoría parlamentaria para legislar se ha desvanecido.

[AQUÍ IRÍA IMAGEN: Foto de Alberto Núñez Feijóo junto a empresarios o en un atril con el logo del PP]

Dudas sobre la prisión preventiva y la defensa de Moncloa

Dentro del bloque progresista, también han surgido voces críticas, no con el fondo, sino con la forma de la actuación judicial. Representantes de los “Comunes” integrados en Sumar, como Gerardo Pisarello, han cuestionado la necesidad de la prisión preventiva para un diputado, alertando de que estas decisiones “alteran las mayorías parlamentarias” y sugiriendo que hay actuaciones judiciales que “chirrían”.

Por su parte, el Gobierno y el PSOE intentan transmitir una imagen de normalidad institucional. Desde Moncloa aseguran haber revisado todas las comunicaciones para descartar sorpresas y niegan tajantemente ceder ante cualquier “chantaje” o amenaza que pueda lanzar el exministro desde prisión. La estrategia es clara: resistir, gobernar vía decreto si el Parlamento se bloquea y confiar en que el miedo a un gobierno de PP y Vox mantenga unidos a los socios hasta el final, o al menos, un poco más.