El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, mantiene el foco de la instrucción en el entorno académico de la esposa del presidente del Gobierno. En una nueva fase de las diligencias, el juez ha citado a declarar a varios trabajadores y funcionarios de la Universidad Complutense, buscando respuestas sobre la gestación, financiación y registro del software creado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).

El foco en la “apropiación indebida” del software

El eje central de estos nuevos interrogatorios gira en torno a la herramienta digital desarrollada para la cátedra. La investigación trata de determinar cómo un activo financiado y desarrollado con la colaboración de grandes empresas tecnológicas y recursos de la universidad acabó siendo registrado a nombre de una empresa unipersonal de Begoña Gómez.

Según la información que maneja el juzgado, empresas como Indra, Telefónica y Google habrían colaborado en el desarrollo de este software, con un coste estimado que superaría los 150.000 euros. El magistrado busca esclarecer si Gómez ofreció esta herramienta a empresas a través de su sociedad personal, lo que podría constituir un delito de apropiación indebida al tratarse de un bien desarrollado en el seno de una institución pública.

Indicios de intrusismo profesional

Paralelamente a la cuestión patrimonial del software, el juez Peinado está indagando sobre el papel administrativo que jugó la directora de la cátedra. Se investiga si Begoña Gómez firmó los pliegos de prescripciones técnicas para la adjudicación de contratos relacionados con el desarrollo de la plataforma, una tarea de carácter técnico para la cual se requiere una cualificación específica de la que, presuntamente, carecería.

Los interrogatorios a los funcionarios de la UCM tienen como objetivo aclarar si la esposa del presidente tenía la competencia legal para rubricar dichos documentos o si, por el contrario, incurrió en un delito de intrusismo profesional al asumir funciones reservadas a personal técnico cualificado o funcionarios públicos.

Contradicciones en la estrategia de defensa

Las diligencias continúan en un clima de tensión procesal. Recientemente, la defensa de Gómez ha intentado modificar el calendario de testigos, solicitando la cancelación de declaraciones de funcionarias de la UCM que ellos mismos habían propuesto inicialmente. Sin embargo, el juez mantiene su línea de investigación, decidido a recabar todos los testimonios necesarios dentro de la institución académica para cerrar el círculo sobre la gestión de la cátedra y el destino final del software.