Víctor de Aldama comparece este jueves ante la Audiencia Nacional en una declaración voluntaria que ha generado una gran expectación política y judicial. El empresario, considerado uno de los nexos principales en la investigación sobre la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia, llega a los juzgados con una estrategia de defensa renovada tras haber obtenido autorización judicial para acceder a una copia del contenido de sus dispositivos móviles incautados.

Según se desprende de las últimas informaciones, Aldama ha dedicado los días previos a su comparecencia a revisar exhaustivamente las conversaciones y archivos almacenados en sus teléfonos. El objetivo sería aportar nuevos datos que podrían implicar directamente a altos cargos del Ejecutivo, señalando una supuesta coordinación en las contrataciones investigadas.

El punto de mira en Política Territorial y otros ministerios

La estrategia del empresario parece centrarse especialmente en la figura de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por su gestión durante su etapa como presidente de Canarias. Sin embargo, las informaciones que maneja la defensa de Aldama no se limitarían a un solo nombre.

Los mensajes recuperados de los terminales móviles contendrían conversaciones con otros investigados en la trama que hacen referencia explícita a titulares de carteras como Sanidad e Interior. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había apuntado en informes preliminares que varios ministerios se apoyaron en la gestión logística vinculada al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, para agilizar la llegada de material sanitario en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

Nombres propios y contratos bajo sospecha

Entre las nuevas revelaciones que podrían surgir de la declaración, destaca el papel del Ministerio del Interior. Se investigan contratos firmados por la Secretaría de Estado de Seguridad por valor de 3,5 millones de euros con Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama.

Asimismo, la declaración podría arrojar luz sobre la participación de Salvador Illa, exministro de Sanidad, quien tenía la última palabra en operaciones estratégicas de compra de material. Documentos previos sugieren la existencia de negociaciones que requerían el visto bueno de Illa para cerrar acuerdos con laboratorios específicos.

Otro nombre que aparece en las evidencias es el de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso. Las investigaciones sitúan su nombre en el entorno de una cena clave en la que coincidieron varios implicados para tratar pagos pendientes, aunque finalmente ella no asistió.

Un posible punto de inflexión

La comparecencia de Aldama se perfila como un momento determinante para el futuro de la causa. Al disponer ahora de la misma información que los investigadores, el empresario tiene la capacidad de contextualizar mensajes y aportar detalles que hasta ahora permanecían ocultos. Su testimonio podría no solo confirmar las tesis de la Guardia Civil, sino extender la responsabilidad política y penal a nuevos actores dentro de la administración pública.