Tras intensas semanas de negociación en la Mesa General de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales mayoritarias para aprobar una nueva senda de revalorización salarial. El pacto, cerrado este miércoles, contempla una subida acumulada que superará el 11% para el periodo comprendido entre 2025 y 2028.

Este acuerdo sustituye al “Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”, vigente hasta 2024, y afecta directamente a las nóminas de aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos en España, incluyendo a trabajadores de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Desglose de la subida: parte fija y variable

El incremento acordado no es lineal, sino que combina una parte fija garantizada con una parte variable ligada a la evolución de la economía. El objetivo central de esta fórmula es asegurar que los sueldos no pierdan capacidad de compra en un escenario económico cambiante.

Según los términos del pacto, la subida total podría alcanzar el 11,4% en términos acumulados si se cumplen todas las variables macroeconómicas. La estructura del aumento se divide anualmente, estableciendo un porcentaje fijo que se aplicará en enero de cada año, al que se podrá sumar un porcentaje adicional en función de dos indicadores clave:

• La evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
• El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Esta cláusula de garantía salarial ha sido uno de los puntos más exigidos por la parte social para evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en crisis anteriores.

Recuperación de derechos y modernización

Más allá de las retribuciones económicas, el acuerdo sienta las bases para continuar con la modernización de la Administración. Aunque el foco principal es el salario, el documento marco aborda otras reivindicaciones históricas del sector.

Entre los temas que acompañan a la subida salarial se encuentran la implantación definitiva de la jornada de 35 horas semanales en aquellas administraciones donde aún no está vigente, la regulación del teletrabajo y mejoras en las condiciones de la jubilación parcial para los empleados públicos, equiparándolos en derechos con los trabajadores del sector privado.

Un mensaje de estabilidad

La firma de este acuerdo plurianual envía un mensaje de estabilidad económica y paz social en el seno de la administración para lo que resta de legislatura. Para el Ejecutivo, este pacto permite prever el gasto público con mayor exactitud en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Para los sindicatos, representa un “escudo” necesario para proteger las rentas de los trabajadores públicos ante la incertidumbre inflacionista.

El acuerdo será ratificado formalmente en los próximos días y su aplicación comenzará con efecto retroactivo o directo (según los plazos de aprobación) a partir del ejercicio 2025.