Madrid. El Tribunal Supremo ha marcado un hito judicial sin precedentes en la historia democrática de España. La Sala de lo Penal ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de secretos. El fallo, que ha sacudido los cimientos de la cúpula judicial y política, impone a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo, además de una multa económica de doce meses.

Un fallo histórico: inhabilitación e indemnización

La sentencia considera probado que el máximo responsable del Ministerio Público reveló datos reservados que no debían ser divulgados, en relación con el caso de Alberto González Amador. Además de la inhabilitación —que en la práctica fuerza su salida inmediata de la Fiscalía General—, el Supremo ha fijado una indemnización de 10.000 euros que García Ortiz deberá abonar al particular afectado en concepto de daños morales.

Esta decisión judicial no solo descabeza al Ministerio Fiscal, sino que abre una crisis institucional al confirmar que la máxima autoridad encargada de la persecución del delito ha cometido, paradójicamente, una infracción penal en el ejercicio de sus funciones.

La izquierda habla de “asesinato civil”

La reacción política no se ha hecho esperar. Tras conocerse el fallo, diversos sectores de la izquierda política y mediática han estallado en críticas contra el Tribunal Supremo, interpretando la condena no como un acto de justicia, sino como una maniobra política. El término “lawfare” (guerra judicial) se ha convertido en el denominador común de las protestas en redes sociales y declaraciones públicas.

Figuras destacadas del espectro progresista, como Ione Belarra, no han dudado en calificar la sentencia de “asesinato civil” y de “puro golpismo judicial”, alineándose con la tesis de que existe una persecución orquestada por la derecha judicial contra las figuras cercanas al Ejecutivo.

En el ámbito digital, la indignación ha sido palpable. Activistas y creadores de contenido afines al Gobierno han viralizado mensajes lamentando la “pérdida de credibilidad” de la justicia española. Frases como “la poca credibilidad que quedaba en la justicia acaba de desaparecer” se han repetido constantemente en plataformas como X (antes Twitter), reflejando una profunda desconfianza hacia las instituciones judiciales por parte de este electorado.

Crisis institucional y polarización

Más allá del debate jurídico, la condena a García Ortiz profundiza la brecha política en España. Mientras la oposición exige responsabilidades inmediatas al Gobierno por haber mantenido y defendido al Fiscal General hasta el final, la izquierda cierra filas denunciando una estrategia de desgaste contra el Gobierno de coalición.

La sentencia deja al Gobierno ante la obligación de buscar un relevo urgente para una institución clave, en medio de un clima de polarización extrema donde cada decisión judicial es escrutada bajo la lente de la batalla política.