Madrid — En una sentencia que marca un antes y un después en la historia judicial de España, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado este miércoles al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El fallo, dictado por unanimidad, considera probado que el máximo responsable del Ministerio Público incurrió en un delito de revelación de secretos al difundir datos confidenciales sobre los procedimientos fiscales de un particular.

La sentencia: el fin de una etapa

La resolución del Supremo pone fin a meses de incertidumbre legal y tensión institucional. Los magistrados han concluido que la nota de prensa y las informaciones difundidas por la Fiscalía, que revelaban detalles sobre las negociaciones de conformidad de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vulneraron el deber de reserva y el derecho a la defensa.

Además de la inhabilitación, que conlleva su salida inmediata del cargo, la sentencia impone una multa económica. El tribunal ha argumentado que, si bien el Ministerio Público tiene derecho a informar para desmentir bulos, esta potestad no puede ejercerse a costa de revelar datos sensibles que forman parte de una negociación reservada entre abogado y fiscal.

Terremoto político y acusaciones de “Lawfare”

La reacción no se ha hecho esperar. La condena ha caído como una bomba en el panorama político, dividiendo radicalmente al Congreso y a la opinión pública.

Desde el Gobierno y sus socios parlamentarios, la respuesta ha sido de absoluto estupor e indignación. Diversas voces dentro del Ejecutivo y de los partidos aliados han calificado la sentencia como un “golpe blando” y un caso de libro de lawfare (guerra judicial). Sostienen que García Ortiz actuó para defender la verdad frente a una campaña de desinformación y que esta condena es un ataque directo a la institución por parte de un sector conservador de la judicatura.

Por el contrario, la oposición ha cerrado filas exigiendo responsabilidades inmediatas. Recordando las palabras del propio Pedro Sánchez en el pasado sobre la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas, líderes del Partido Popular y Vox han pedido la dimisión urgente del Fiscal General y han exigido al Presidente del Gobierno que pida perdón públicamente por haber mantenido a García Ortiz en el cargo pese a su imputación inicial.

El origen del conflicto: el ‘Caso Ayuso’

Para entender la magnitud de esta sentencia, hay que remontarse al origen del conflicto: la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

La polémica estalló cuando, tras filtrarse a la prensa que la Fiscalía había ofrecido un pacto al acusado, la Fiscalía General emitió un comunicado detallando con fechas y correos electrónicos que, en realidad, había sido la defensa del acusado quien había reconocido los delitos y solicitado el acuerdo. Fue esa difusión de correos internos la que motivó la querella que hoy ha desembocado en la condena del Fiscal General.

Un escenario incierto

La inhabilitación de García Ortiz abre un escenario de interinidad en la Fiscalía General del Estado en un momento de máxima polarización. Nunca antes un Fiscal General en ejercicio había sido condenado por el Tribunal Supremo. Ahora, el Gobierno deberá proponer un nuevo candidato en medio de un clima de desconfianza total entre el poder judicial y el ejecutivo, y con una oposición que utilizará esta sentencia como ariete contra la gestión de Pedro Sánchez.