Un recurso para “proteger sus derechos fundamentales”

En su escrito, la defensa de Puigdemont sostiene que la orden de captura vulnera varios de sus derechos fundamentales, entre ellos:

• El derecho a la libertad.
• El derecho a la participación política.
• El derecho a un proceso con todas las garantías.

Según sus argumentos, mantener vigente la orden de detención mientras no existe una condena firme sería una medida desproporcionada y carente de base jurídica suficiente.

La Ley de Amnistía, pieza central de la defensa

El recurso subraya que la Ley de Amnistía aprobada recientemente debe aplicarse a Puigdemont en todos los aspectos vinculados al proceso independentista.
La defensa entiende que el Tribunal Supremo, al no haber levantado la orden de detención en las causas que aún mantiene abiertas, estaría interpretando la ley de forma restrictiva y contraria a su espíritu.

Para el abogado del expresident, mantener la orden en vigor impide que Puigdemont pueda ejercer plenamente sus funciones como representante electo y constituye un obstáculo político que la ley precisamente pretende eliminar.

Una carrera contra el tiempo

La clave ahora está en si el Tribunal Constitucional admite la medida cautelarísima solicitada.
Esta figura permite suspender temporalmente una resolución judicial incluso antes de estudiar el fondo del recurso, cuando existe riesgo inmediato para los derechos del solicitante.

Si el Constitucional acepta la petición, la orden de detención quedaría suspendida de forma casi automática.
Si la rechaza, Puigdemont seguiría sin poder regresar a España sin arriesgarse a ser detenido de manera inmediata.

Repercusiones políticas y judiciales

El movimiento de Puigdemont se suma a una larga cadena de decisiones judiciales y políticas que mantienen el caso del “procés” en el centro del debate:

• La aplicación de la Ley de Amnistía continúa dividiendo a juristas y formaciones políticas.
• El Tribunal Supremo ha mantenido una postura firme respecto a la malversación, rechazando su amnistía en determinados supuestos.
• La Abogacía del Estado y otras instituciones han expresado visiones divergentes sobre cómo debe aplicarse la normativa.

Este recurso, por tanto, no solo tiene efectos jurídicos inmediatos, sino que también influye en el tablero político y en la relación entre las distintas instituciones del Estado.

Un pulso que vuelve al escenario constitucional

La ofensiva legal de Puigdemont coloca ahora al Tribunal Constitucional en el centro de una decisión clave.
La resolución que adopte —sea en favor o en contra— tendrá implicaciones directas en el rumbo judicial del expresident y en el alcance real de la Ley de Amnistía.

Hasta que el tribunal se pronuncie, el futuro inmediato de Puigdemont dependerá de si los magistrados consideran que su situación requiere una protección urgente de derechos o si la orden de detención debe mantenerse plenamente vigente.