El Gobierno central ha anunciado este sábado que emprenderá acciones legales contra la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, por la negativa de esta a implementar el registro de objetores de conciencia al aborto, tal y como mandata la ley.

El Ministerio de Sanidad considera que el gobierno madrileño está “saltándose la ley” al no haber desarrollado este registro, una herramienta contemplada en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva aprobada en 2023.

Según el departamento que dirige la ministra Mónica García, el plazo para que las comunidades autónomas pusieran en marcha dicho registro ha expirado, y Madrid es una de las regiones que ha mostrado una negativa explícita a su creación. El objetivo de este registro, según la ley, es organizar los servicios sanitarios para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

El Ministerio de Sanidad ha defendido que el registro es una obligación legal y una herramienta necesaria para asegurar que el derecho al aborto sea efectivo en todo el territorio nacional, permitiendo a las administraciones planificar los recursos humanos en los servicios de ginecología.

El ‘choque’ institucional

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha mantenido firme en su postura. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido su negativa, enmarcando la medida como una imposición ideológica del Gobierno central.

La administración madrileña argumenta que la creación de estas “listas” puede estigmatizar a los profesionales sanitarios y que existen otras formas de organizar el servicio sin recurrir a este registro específico.

Con la decisión de llevar el asunto a los tribunales, el Ministerio de Sanidad presentará un recurso contencioso-administrativo para forzar a la Comunidad de Madrid a cumplir con la legislación estatal. Este movimiento supone un nuevo episodio en el choque institucional entre la administración central y el gobierno autonómico de Madrid en materia sanitaria y de derechos.