Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes, 14 de noviembre, en las sedes centrales de la compañía de infraestructuras Acciona, tanto en Madrid como en Bilbao. La operación se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que dirige la investigación sobre el ‘Caso Ábalos’ (también conocido como ‘Caso Koldo’).

A diferencia de un registro policial tradicional, la actuación ha consistido en una “personación” de los agentes para requerir formalmente a la empresa la entrega de documentación específica. Los investigadores no han realizado registros físicos en los despachos, sino que han solicitado el volcado de información concreta.

El foco: correos y contratos

El objetivo principal de la UCO es rastrear la supuesta mediación de la trama en adjudicaciones públicas. Según fuentes de la investigación, los agentes buscan recabar correos electrónicos, contratos y cualquier tipo de comunicación interna que pueda arrojar luz sobre las relaciones entre directivos de la constructora y los principales investigados en el caso.

La operación de hoy busca pruebas sobre posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, centrados en la adjudicación de contratos que podrían haberse visto influenciados por Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos.

La conexión con el ‘Caso Ábalos’

Esta diligencia se enmarca en la pieza principal del ‘Caso Ábalos’, que investiga presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, la investigación se ha ido ampliando para examinar otras licitaciones y la posible implicación de más personas.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se inició en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de uno de los investigados, el dirigente socialista Santos Cerdán, aunque la instrucción principal recae ahora en el juzgado madrileño.

Los investigadores tratan de determinar si la trama vinculada a Koldo García medió para favorecer a Acciona en contratos públicos y si, a cambio, se produjeron pagos irregulares o comisiones. La documentación recabada este viernes en las sedes de la compañía será analizada en las próximas semanas para buscar evidencias que confirmen estas sospechas.