Miguel Ángel
La polémica se enciende tras una entrevista en la que el presidente calificó de “inocente” al Fiscal General del Estado, quien se enfrenta a un juicio histórico.
La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial ha escalado un nuevo peldaño. La Asociación de Fiscales (AF) ha emitido una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de “presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales” en relación con la causa que afecta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
El origen de la controversia se encuentra en unas recientes declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista con el diario El País. En ella, el presidente del Ejecutivo calificó de “inocente” a Álvaro García Ortiz.
Esta valoración ha sido recibida con profundo malestar por la Asociación de Fiscales. En un comunicado, la AF ha recordado que dicha valoración de inocencia o culpabilidad “corresponde únicamente al Tribunal Supremo y no al jefe del Ejecutivo”, subrayando una posible injerencia en la independencia judicial.
No se trata de un asunto menor. Álvaro García Ortiz se encuentra en una situación procesal inédita, al ser el primer Fiscal General del Estado en ejercicio que se sienta en el banquillo de los acusados.
El juicio, que ya ha comenzado, busca esclarecer si García Ortiz cometió un delito al supuestamente filtrar a la prensa un correo electrónico clave relacionado con el caso de González Amador. El calendario judicial prevé seis sesiones por las que pasarán 38 testigos, incluyendo a fiscales de alto rango y a los periodistas que recibieron la supuesta filtración.
La investigación ha revelado detalles significativos, como un “intercambio frenético” de mensajes en un grupo de WhatsApp en el que participaba el propio García Ortiz la noche de la publicación de la noticia. Además, durante la instrucción del caso, se descubrió que el Fiscal General había borrado sus chats y correos electrónicos, un hecho que ha añadido complejidad al proceso.
La defensa de Sánchez a su Fiscal General se produce en un momento de máxima tensión institucional, mientras la Asociación de Fiscales reivindica la autonomía del Ministerio Público y el respeto a los tiempos y decisiones de la justicia.
