Miguel Ángel
El Ejecutivo admite que no llegará a tiempo antes de enero, abocando al país a una tercera prórroga presupuestaria. La aprobación de la senda de déficit se presenta como la próxima prueba clave en un calendario político minado por las elecciones autonómicas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado definitivamente a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 antes de que finalice el año. Fuentes gubernamentales han reconocido abiertamente que “no llegamos a enero”, citando una carga de trabajo que se considera ya “insalvable” ante la falta de acuerdos con sus socios parlamentarios.
Esta decisión aboca a España a una tercera prórroga presupuestaria consecutiva. En la práctica, Sánchez gobernará con unas cuentas diseñadas por un ejecutivo y unas Cortes anteriores, cuando el PSOE contaba con Podemos como socio de coalición.
El Ejecutivo ya había incumplido la obligación constitucional de presentar las cuentas antes del 30 de septiembre. Aunque hasta ahora Moncloa mantenía la intención de presentarlas antes de cerrar 2025, el órdago de Junts, que ha amenazado con no apoyar ningún proyecto del Gobierno, ha desarticulado la mayoría de la investidura y ha hecho inviable el calendario.
La senda de déficit, una prueba de fuego
Antes de abordar los presupuestos, el Gobierno debe superar el trámite de la senda de déficit. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planea aprobarla en Consejo de Ministros “la próxima semana o la siguiente”.
Posteriormente, esta senda debe someterse a votación en el Congreso, un paso que el Gobierno afronta con una notable falta de apoyos garantizados. Según el entorno de la ministra, Montero la someterá a votación “con o sin apoyos”, exponiéndose a una dura derrota parlamentaria.
Si el Congreso tumba la senda, la estrategia del Ejecutivo es seguir adelante con la senda actual. “Si los grupos no quieren más dinero para las comunidades autónomas, mejor para el Gobierno”, sentencian fuentes conocedoras de la negociación.
Un calendario electoral que complica la negociación
El calendario político está minado por citas electorales que complican cualquier avance. Con las elecciones en Extremadura en diciembre, y las de Castilla y León (febrero-marzo) y Andalucía (junio) en 2026, el margen de maniobra es mínimo.
Un factor clave es la doble condición de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía. Esto genera recelo entre los socios de investidura, que temen que Montero no comprometa nada que pueda perjudicarla en su carrera electoral.
Desde Moncloa, sin embargo, ven esta situación como una oportunidad. Planean diseñar unos presupuestos “tan expansivos” que sirvan como “baza” electoral para Montero. La intención es que las cuentas funcionen como un cartel electoral o una declaración de intenciones.
Dos escenarios: arma arrojadiza o adelanto electoral
El Gobierno trabaja con dos estrategias principales ante la previsible derrota presupuestaria.
- Usar la derrota como arma de campaña: El plan A es presentar los presupuestos, asumir la derrota por falta de apoyos, y utilizarla como un “arma arrojadiza” en campaña. El objetivo es “retratar” a los partidos que se opongan a las cuentas como los responsables de impedir su entrada en vigor.
- Usar la derrota como coartada para elecciones: El plan B, que todas las fuentes ven como “posible”, es que Pedro Sánchez utilice el rechazo a las cuentas públicas como la coartada para un adelanto electoral.
Esta maniobra no sería nueva. Sánchez ya la utilizó en 2019 tras el veto de ERC a sus primeros presupuestos. El Gobierno solo mostrará su “profunda precariedad aritmética” si obedece a un fin superior: utilizar la derrota como un activo electoral en un contexto político que considere favorable.
