La Comisión de Peticiones señala deficiencias en la prevención y gestión de la catástrofe por parte del Estado, cuestionando la versión del Gobierno.

BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe muy crítico sobre la respuesta de las autoridades españolas a la catastrófica DANA que azotó el país (presumiblemente en referencia a los eventos de 2024). El texto final, adoptado tras el debate de las peticiones presentadas por los afectados, cuestiona directamente la narrativa oficial del Gobierno de Pedro Sánchez y señala “falta de prevención y gestión” por parte del Estado.

El informe profundiza en la actuación de las administraciones antes y durante la tragedia. Según se desprende del documento, los eurodiputados consideran que existieron carencias significativas en los sistemas de alerta temprana y en la planificación de infraestructuras para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos de tal magnitud.

El debate en la comisión reflejó la división política española. Mientras que los grupos impulsores del informe (como el Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas) subrayaron lo que consideran una “negligencia” por parte del Ejecutivo central, los socialistas europeos defendieron la actuación del Gobierno, calificando el informe de “partidista” y de un intento de “utilizar políticamente” el dolor de las víctimas en las instituciones europeas.

El texto aprobado en comisión no es legislativamente vinculante, pero supone un notable pronunciamiento político. El informe cuestiona la versión mantenida por el Gobierno español, que había defendido la idoneidad de las medidas adoptadas y había centrado la responsabilidad en la naturaleza imprevisible y extrema del fenómeno. La resolución del Parlamento Europeo pone el foco en la responsabilidad del Estado en la prevención y en la gestión de los fondos de ayuda y reconstrucción.

Se espera que este informe tenga repercusiones en el debate político nacional en España, donde la oposición ha venido exigiendo responsabilidades al Gobierno por la gestión de la catástrofe.