Miguel Ángel
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido continuar con el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado rechaza así las peticiones de archivo presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, al considerar que existen indicios “claros, sólidos y homogéneos” para seguir adelante con la causa.
Indicios de múltiples delitos
En un auto reciente, el juez Peinado sostiene que las pruebas recabadas durante la instrucción justifican mantener abierta la investigación. Los hechos analizados se centran en las actividades de Gómez al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
El magistrado apunta a la posible comisión de varios delitos, entre los que se incluyen:
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios
- Apropiación indebida
- Intrusismo profesional
- Malversación de caudales públicos
Uso de recursos públicos para fines privados
Uno de los pilares centrales de la argumentación del juez es el presunto uso de recursos públicos para actividades privadas. El auto señala directamente a Cristina Álvarez, una asistente de Begoña Gómez empleada con sueldo público en la Presidencia del Gobierno.
Según se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Álvarez habría realizado “numerosas gestiones” relacionadas con los negocios particulares de Gómez, supuestamente “en detrimento de las labores públicas para las que fue contratada”. El juez considera este hecho un indicio claro de malversación, llegando a mencionar una posible “comisión por omisión” por parte de los superiores jerárquicos que no evitaron esta situación.
Nuevos investigados y ampliación de la causa
La decisión del juez Peinado no solo mantiene a Begoña Gómez como principal investigada, sino que también amplía el foco. El magistrado ha incorporado a la causa como investigada a Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia, por su posible responsabilidad en la citada “omisión”.
Junto a ellas, continúan bajo investigación el empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de adjudicaciones públicas presuntamente relacionadas con Gómez, y el ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre.
La resolución judicial supone un revés para la Fiscalía y la defensa, que habían solicitado el sobreseimiento del caso por falta de indicios. Con esta decisión, y salvo un giro inesperado, Begoña Gómez se enfrentará a un juicio para dar explicaciones sobre sus actividades.
