Un error técnico de calado ha afectado a uno de los informes más esperados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relacionado con la investigación del ‘caso Koldo’. El fallo ha provocado que más de 87 páginas del documento sean ilegibles, impidiendo su correcta visualización y análisis.

Este contratiempo ha tenido una repercusión política inmediata: el PSOE ha salido en defensa del actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuya gestión durante la pandemia estaba siendo analizada en relación con la compra de mascarillas.

El error en el informe

El documento en cuestión, remitido por la UCO al juzgado que instruye el caso, contenía un análisis detallado sobre los contratos de emergencia adjudicados por diversas administraciones, entre ellas el gobierno de Canarias. Sin embargo, al intentar acceder al contenido, una parte sustancial del mismo—cuantificada en más de 87 folios—resultó ser inaccesible.

Se desconoce por el momento la naturaleza exacta del fallo técnico (si se trata de un problema de formato, encriptación o un error en el volcado de los archivos), pero en la práctica ha dejado a las partes sin acceso a una porción relevante de las pesquisas policiales.

La reacción del PSOE

Ante esta circunstancia, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha reaccionado con celeridad. Fuentes del partido han interpretado este fallo como una falta de elementos incriminatorios contra Ángel Víctor Torres.

La postura del PSOE es que, al no poderse consultar esa parte del informe, no existen nuevas evidencias ni indicios que apunten a una actuación irregular por parte del entonces presidente canario. El partido considera que el ministro ya ha ofrecido todas las explicaciones pertinentes y que este error procesal refuerza la ausencia de responsabilidades en su gestión de los contratos sanitarios durante la crisis del Covid-19.

Contexto de la investigación

Este informe de la UCO era esperado con expectación, ya que se centra en la presunta trama de corrupción liderada por Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos.

La investigación trata de esclarecer si la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, recibió un trato de favor en la adjudicación de contratos millonarios para la compra de mascarillas por parte de varias administraciones socialistas, incluyendo los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

Se espera que la UCO deba ahora subsanar el error y remitir una nueva copia íntegra y legible del informe al juzgado para que la instrucción pueda continuar con normalidad.