Miguel Ángel
El líder de Junts acusa al PSOE de “incumplir los acuerdos” y de una “falta total de confianza”, dejando al Ejecutivo sin uno de sus apoyos clave en el Congreso.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este lunes desde Perpiñán (Francia) la “ruptura definitiva” de los acuerdos que su formación, Junts per Catalunya, mantenía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Puigdemont ha declarado que su partido pasa “a la oposición”, una decisión que, según afirmó, cuenta con el respaldo unánime de la ejecutiva de Junts y que será consultada con la militancia.
El líder independentista basó la decisión en lo que calificó como una “falta total de confianza política” hacia el Partido Socialista. Puigdemont acusó directamente al PSOE de “incumplir los acuerdos” y de actuar movido únicamente por el “tacticismo del poder”, asegurando que el Ejecutivo ha “despreciado” todas las advertencias previas de Junts.
“Hemos ido marcha atrás en todos los aspectos”, sentenció Puigdemont durante su intervención, en la que aseguró que el llamado ‘Pacto de Bruselas’ no se ha aplicado. “El tiempo del diálogo ha terminado. El PSOE se ha reído de nosotros”, concluyó.
Con esta ruptura, Junts se desmarca de la mayoría de la investidura y redefine su estrategia en Madrid. “Nuestro proyecto no tiene por vocación la estabilidad de España”, advirtió Puigdemont, fijando una nueva línea para futuras negociaciones: “Si a Cataluña le beneficia, hablaremos. Si no, hasta luego”.
La decisión supone un duro golpe para la estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez, que pierde un apoyo esencial para sacar adelante iniciativas clave, incluidos los Presupuestos Generales.
Según la información reportada, la reacción de los socios del Gobierno ha sido dispar. Mientras el PSOE evitó pronunciarse de inmediato a la espera de analizar las palabras de Puigdemont, desde Sumar y los Comuns se advirtió que esta ruptura podría “abrir la puerta a un Gobierno del PP y Vox”.
Puigdemont, por su parte, insistió en volver a situar el independentismo en el centro del debate, acusando al Estado de ejercer “violencia e intimidación judicial y lingüística”.
