Un niño con TDAH lleva años sufriendo burlas por su físico que han escalado a amenazas autolíticas y a la creación de un perfil en redes sociales para vejarle. La madre, desesperada, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y cuenta con un informe psicológico que acredita la gravedad de los hechos, pero asegura que ni el centro ni las autoridades han tomado medidas efectivas.

Alicante, 23 de octubre de 2025 – La lucha de una madre en Alicante por proteger a su hijo de 12 años se ha convertido en una denuncia desesperada contra un sistema que, según ella, le está fallando. Su hijo, un estudiante de 1º de la ESO en el colegio Agustinos de Alicante, ha sido víctima de un acoso escolar continuado que comenzó en primaria y que recientemente ha dado el salto al ciberespacio, todo ello ante la presunta pasividad de las instituciones a las que ha acudido en busca de ayuda.

El menor, diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y tics nerviosos, toma una medicación que le provocó un aumento de peso de 10 kilos. Esta circunstancia física se convirtió en el arma arrojadiza para sus acosadores. “En quinto de primaria empezaron a decirle que era gordo”, relata su madre. Las burlas calaron tan hondo en el niño que llegó provocarse el vómito, un comportamiento que su madre detectó a tiempo.

La situación, lejos de mejorar, se agravó en sexto, cuando tras un conflicto con el mismo compañero, el niño, superado por la angustia, “se subió a la azotea y decía que se quería tirar”. La respuesta del centro educativo, según la madre, fue incomprensible: “Me abrió el colegio un expediente a mí”.

La escalada al ciberacoso y la denuncia policial

Con el inicio del nuevo curso en secundaria, el acoso se recrudeció y se transformó. Ya no era un solo individuo, sino un grupo. La agresión dio el salto al mundo digital con la creación de una cuenta en Instagram. En ese perfil se publicaron fotos y vídeos del menor realizados dentro del propio colegio, acompañados de insultos y comentarios vejatorios sobre su físico.

La tutora del menor tuvo conocimiento de los hechos y, según el testimonio de la madre, habló con las familias de los presuntos implicados, lo que provocó que la cuenta fuera eliminada temporalmente. Sin embargo, la docente, aunque posee una fotografía que prueba la agresión, alegó que no podía entregarla a la familia por tratarse de otros menores, aunque sí a las autoridades.

Con estas pruebas, la madre acudió a la Policía Nacional para interponer una denuncia formal el pasado 15 de octubre, un hecho que consta en el atestado nº 8039/25 de la dependencia de Alicante-Norte. En la denuncia, se deja constancia de que el menor “sufre acoso escolar por parte de un chico de 1º de ESO” y de la existencia de la cuenta en redes sociales.

“Nadie ha venido”: La respuesta que no llega

La frustración de la familia creció cuando la ayuda prometida no se materializó. “Me confirmaron que sí, que va a ir una patrulla. Esto fue el martes y todavía no ha ido ninguna patrulla”, explica la madre. La coordinadora del centro le confirmó que, efectivamente, ningún agente se había personado en el colegio. Mientras tanto, la cuenta de Instagram ha resurgido con otro nombre y, aunque las publicaciones han sido borradas, el temor a que el contenido se haya viralizado es inmenso.

El informe psicológico: Un “malestar emocional significativo”

La situación del menor está acreditada por un informe emitido por una psicóloga profesional, que advierte de un “malestar emocional significativo”. El documento corrobora los episodios más graves: las verbalizaciones del niño sintiéndose “gordo”, los intentos de vómito y su intención de “tirarse desde el tejado del colegio”.

El informe califica el ciberacoso como una “vulneración de su derecho al honor y a la intimidad” con posibles “consecuencias graves sobre su autoestima, seguridad personal, bienestar emocional y rendimiento académico”. La especialista recomienda una serie de medidas urgentes, como activar el protocolo de actuación frente al acoso escolar, reforzar la vigilancia en el centro y aplicar campañas de sensibilización.

Mientras los protocolos y las patrullas no llegan, esta familia alicantina sigue esperando una respuesta. Su caso pone de manifiesto la delgada línea que separa el conflicto escolar del delito y la desesperación de unas víctimas que se sienten desprotegidas por el mismo sistema que debería ampararlas. La denuncia está sobre la mesa, las pruebas son claras, pero la solución, por ahora, sigue sin aparecer.