El suicidio de Sandra Peña en Sevilla destapó una crisis nacional, pero la historia de Dani Quintana en Lleida, ocurrida meses antes, revela una escalada de violencia física aterradora. Las tragedias de ambos adolescentes, víctimas de un acoso implacable, no solo exponen la presunta negligencia de sus centros, sino un patrón de fallos sistémicos donde los protocolos de protección se convierten en papel mojado.

El calvario de Dani Quintana, un joven de 15 años de Lleida, terminó el pasado 22 de abril, pero el acoso que sufrió fue un crescendo de violencia intolerable. No se trató solo de un doloroso aislamiento social. Según las denuncias, Dani fue víctima de robos continuos, palizas, insultos como “puto gordo” y, en el extremo más grave de la violencia, llegó a ser amenazado con una navaja dentro del entorno escolar.

Su madre, Vanesa, luchó incansablemente por ayudarle, comunicando la situación al instituto en repetidas ocasiones. Sin embargo, se encontró con un muro. La respuesta oficial del centro fue que “no vio evidencias claras de acoso”, una frase que choca frontalmente con la gravedad de las amenazas con arma blanca. La familia se sintió completamente desamparada mientras el protocolo anti-bullying nunca fue activado.

La historia de Dani es un espejo oscuro de la de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida en Sevilla. Aunque el acoso que ella sufrió fue de índole principalmente verbal y psicológica —un tormento constante en el que “le decían de todo”, según se ha reportado—, el patrón de desprotección es idéntico: una familia que alerta sobre el sufrimiento de su hija y un centro escolar que, presuntamente, no activa el protocolo de protección.

Un Sistema con Grietas Inaceptables

Es fundamental recalcar que no todos los centros educativos actúan con esta presunta negligencia. Innumerables docentes y equipos directivos en toda España trabajan diligentemente cada día para proteger a su alumnado y aplican los protocolos con rigor, creando entornos seguros.

Sin embargo, los casos de Dani y Sandra demuestran que existen grietas inaceptables en el sistema que fallan en el deber más básico: proteger a los menores más vulnerables. La existencia de protocolos no sirve de nada si, llegado el momento, no hay una voluntad real de aplicarlos por parte de centros concretos. La excusa de la “falta de evidencias claras” pone una carga insoportable sobre las víctimas y puede enmascarar una grave falta de responsabilidad.

Mientras las familias lloran unas muertes que consideran “asesinatos” por omisión, la sociedad clama por un cambio. La exigencia de justicia para Dani y Sandra se ha convertido en una llamada a la acción para que la administración y los centros que incumplen asuman su responsabilidad, investiguen cada denuncia y garanticen que ningún otro niño tenga que enfrentarse al miedo en el lugar donde debería sentirse más seguro: el colegio.