La reforma del reglamento, impulsada por Vox y respaldada por sus socios de gobierno, suprime también las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Europeos para, según afirman, “reforzar el control institucional” y la “neutralidad” de la cámara.

Valencia – 20 de octubre de 2025

El Partido Popular y Vox han sellado este lunes un acuerdo para reformar el reglamento de las Cortes Valencianas, un pacto que implica un giro de calado tanto simbólico como estructural en el parlamento autonómico. Las dos medidas más significativas son la supresión del uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones oficiales y la eliminación de la Comisión de LGTBI, que será absorbida y rebautizada como Comisión de Familia, Política Social e Igualdad.

El acuerdo va más allá y contempla también la disolución de otras comisiones parlamentarias como las de Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Según los grupos firmantes, el objetivo principal es simplificar la estructura de la cámara y aumentar la eficiencia y el control institucional.

Una de las batallas ideológicas clave para Vox se ha centrado en el lenguaje. A partir de la aprobación de esta reforma, todos los documentos y comunicaciones del parlamento deberán utilizar “el lenguaje recomendado por la Real Academia Española (RAE)”, abandonando así las fórmulas inclusivas. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha celebrado el pacto como “una victoria en el terreno económico y de control institucional”, argumentando que también se endurecerá la fiscalización de las subvenciones para “limitar la discrecionalidad política en el reparto del dinero público”.

Desde Vox no ocultan la carga simbólica del acuerdo. Llanos ha defendido que el nuevo reglamento “frena la proliferación de organismos y comisiones identitarias y refuerza el papel central de la familia”, calificando las comisiones eliminadas como entes de “marcado carácter ideológico y sectario”. El Partido Popular, que ostenta la presidencia de la Generalitat, ha justificado su apoyo a la propuesta de su socio en aras de la “racionalización administrativa” y la “eficiencia institucional”.

Este pacto se enmarca en la estrategia conjunta que ambos partidos mantienen en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición desde 2023. Sin embargo, la propuesta ya ha provocado las primeras críticas de los grupos de la oposición, que acusan al gobierno de coalición de dar pasos atrás en materia de igualdad y derechos sociales.

La reforma deberá ser ahora debatida y votada en el pleno de las Cortes para su aprobación definitiva, pero marca un nuevo capítulo en la hoja de ruta de PP y Vox, que insisten en que la medida busca “poner fin a estructuras ideológicas” y “garantizar la neutralidad institucional” del parlamento.eutralidad institucional” del Parlamento valenciano. El acuerdo se enmarca en la alianza parlamentaria entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana.