Leopoldo Puente ha decidido llamar a declarar como testigos a Mariano Moreno y a Celia Rodríguez

El exministro de Transportes confía su defensa al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, mientras el Tribunal Supremo amplía el foco de la investigación y llama a declarar a un exgerente y a una empleada de la Secretaría de Organización del partido.

La investigación del caso Koldo suma un nuevo giro de guion. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha decidido reorientar su estrategia de defensa y ha fichado al prestigioso exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, para que dirija su defensa ante el Tribunal Supremo. Este movimiento se produce justo cuando el magistrado Leopoldo Puente ha acordado citar como testigos a dos figuras clave del engranaje interno del PSOE: Mariano Moreno, exgerente del partido, y Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización.

El objetivo de estas nuevas declaraciones es arrojar luz sobre una de las ramificaciones más sensibles de la trama: los presuntos pagos en efectivo realizados desde el seno del PSOE que, según las pesquisas, podrían haber beneficiado directamente a Ábalos y a su exasesor, Koldo García. La citación pone de manifiesto que el juez está decidido a seguir el rastro del dinero y a esclarecer el origen y destino de cada movimiento sospechoso.

En este delicado contexto, Ábalos ha optado por un cambio de timón en su equipo legal. La elección de Carlos Bautista no es casual. Se trata de un jurista con una sólida trayectoria en derecho penal, forjada durante sus años como fiscal en la Audiencia Nacional, donde se curtió en investigaciones de alto voltaje contra el terrorismo, el narcotráfico y la gran delincuencia económica.

Tras su paso a la abogacía privada, Bautista se ha consolidado como un letrado de perfil técnico, discreto y eficaz, conocido por su profundo conocimiento de los mecanismos judiciales y por priorizar la solidez jurídica sobre la exposición mediática. Su incorporación supone un claro intento por parte de Ábalalós de reforzar su defensa ante el Supremo, donde se le investiga por presuntos delitos de corrupción ligados a la adjudicación de contratos de mascarillas durante los peores meses de la pandemia.