Miguel Ángel
Moncloa financia con dinero público una campaña sobre “valores democráticos” en plena crisis de servicios esenciales
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinará 7.835.000 euros a una campaña llamada El valor de las libertades y la democracia en España.
Su objetivo, según el Plan de Publicidad Institucional 2025, es “desarrollar acciones de comunicación sobre los valores de las libertades en España”.
El proyecto se extenderá durante más de un año. Entre marzo de 2025 y junio de 2026, y se difundirá en televisión, radio, prensa, Internet, cine y medios exteriores.
Además, el Ejecutivo prevé gastar otros 215.000 euros adicionales el año siguiente para mantener activa la campaña.
Todo esto se financiará con fondos públicos mientras hospitales y servicios básicos en varias comunidades denuncian falta de personal y recursos.
Un plan de propaganda política
Bajo el paraguas del “Plan de Acción por la Democracia”, aprobado por el Consejo de Ministros en 2024, la campaña busca “comunicar la democracia”.
Sin embargo, su contenido tiene un evidente sesgo ideológico y un marcado propósito propagandístico.
Según el documento oficial, las piezas publicitarias se emitirán en cinco idiomas y contarán con subtitulación, audiodescripción y lengua de signos.
No obstante, no se especifica ningún indicador concreto de utilidad pública ni medición real del impacto ciudadano.
Mientras tanto, el presupuesto supera ampliamente al de iniciativas esenciales, como las campañas sanitarias sobre vacunación o prevención de incendios forestales, que apenas alcanzan cifras de un millón de euros.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática justifica la inversión como una “respuesta a la necesidad de fortalecer la conciencia democrática”.
Pero la realidad es que 7,8 millones para un eslogan genérico sobre “valores y libertades” contrasta con la precariedad de muchos servicios públicos.
El gasto incluye producción audiovisual, compra masiva de espacios en medios, campañas en redes y actos presenciales en distintas ciudades.
Todo ello para “divulgar los valores constitucionales” en un país donde el propio Gobierno ha sido acusado de degradar instituciones básicas.
El contraste entre el discurso y los hechos genera críticas dentro y fuera del ámbito político, especialmente cuando la sanidad, la educación y el transporte acumulan quejas por falta de fondos.
El récord de los ministerios ideológicos
El de Memoria Democrática no es un caso aislado. El Ministerio de Igualdad también ha presupuestado más de 14 millones de euros en campañas centradas en “educación afectivo-sexual”, “igualdad laboral” y “diversidad LGTBI+”.
En conjunto, Igualdad y Memoria Democrática absorben más de 22 millones de euros del gasto publicitario estatal.
La tendencia refuerza la idea de que buena parte de la comunicación institucional del Gobierno se destina a difundir mensajes ideológicos.
EuropapressEn 2025, el presupuesto total de publicidad institucional asciende a 161 millones de euros, un 16,5% más que el año anterior.
El contraste con la realidad ciudadana
Mientras el Ejecutivo multiplica los fondos para promocionar su relato, la población sufre los efectos del encarecimiento de la vida, el déficit de médicos y la falta de infraestructuras básicas.
La cifra asignada a esta campaña equivale al coste anual de abrir más de 60 consultorios rurales o a financiar 500 becas universitarias completas.
La paradoja es evidente: un Gobierno que dice “defender la democracia” gasta millones en convencernos de ello mientras los servicios públicos languidecen.
