Miguel Ángel
Madrid | 17 de octubre de 2025 — La sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre el Gobierno español. En los últimos meses, varias investigaciones judiciales han puesto en el punto de mira a figuras cercanas al Ejecutivo, generando un clima de desconfianza y tensión política sin precedentes en esta legislatura.
Entre los casos más sonados destacan el “Caso Koldo”, la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y una serie de contratos públicos bajo sospecha que han abierto grietas en la credibilidad institucional.
El caso Koldo: el escándalo de las mascarillas millonarias
La investigación, bautizada como “Operación Delorme”, gira en torno a una supuesta red de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
El principal implicado es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien la Audiencia Nacional vincula con la adjudicación de contratos irregulares a empresas sin experiencia previa a cambio de comisiones.
Las adjudicaciones superan los 54 millones de euros, y parte del dinero —según fuentes oficiales— podría proceder de fondos europeos, lo que ha despertado la atención de la Comisión Europea.
Bruselas ya ha solicitado explicaciones formales al Gobierno español por el uso de esos fondos y ha pedido “máxima colaboración y transparencia” en la investigación.
Ábalos, aunque no está imputado, se ha visto políticamente acorralado. Su negativa inicial a renunciar a su escaño en el Congreso provocó una profunda crisis interna en el PSOE, que lo expulsó del grupo parlamentario.
El caso Begoña Gómez: una investigación que salpica a Moncloa
La Audiencia Provincial de Madrid mantiene abiertas diligencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La causa, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, se ha prorrogado hasta abril de 2026 tras la incorporación de nuevos informes de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado.
Según los documentos judiciales, se investigan las relaciones entre Gómez y varias empresas beneficiadas por contratos públicos, entre ellas Innova Next, del empresario Carlos Barrabés, colaborador habitual en programas académicos dirigidos por la propia Gómez.
El caso también analiza posibles irregularidades en convenios firmados con la Universidad Complutense de Madrid y presuntos beneficios indirectos en proyectos financiados por Red.es.
Desde Moncloa, el Gobierno ha defendido la inocencia de Gómez y califica la causa de “persecución política y mediática”. Sin embargo, la oposición exige explicaciones públicas al presidente y reclama una comisión de investigación en el Congreso.
Otras sombras: el rescate de Air Europa y los conflictos de interés
El rescate estatal de Air Europa, valorado en 475 millones de euros, ha sido también objeto de controversia.
Algunos medios y grupos parlamentarios han denunciado presuntos conflictos de interés, señalando vínculos entre el rescate y empresas colaboradoras con proyectos impulsados por la esposa del presidente.
Aunque no existe una causa judicial abierta sobre este asunto, el episodio ha vuelto a alimentar las sospechas sobre la gestión del dinero público en tiempos de emergencia económica.
Repercusiones políticas y sociales
Estos casos han tenido un fuerte impacto político. Las encuestas muestran un descenso de la confianza ciudadana en el Gobierno y un incremento del escepticismo hacia las instituciones.
Los partidos de la oposición acusan a Sánchez de “proteger” a los suyos y de no aplicar los mismos estándares de transparencia que exige a otros.
El presidente, por su parte, se defiende: “En este Gobierno no se tapa a nadie. Quien la haga, la paga”, declaró recientemente en el Congreso.
Sin embargo, la percepción pública es más dura. Según un sondeo de El País (julio 2025), más del 60% de los españoles considera insuficiente la respuesta del Ejecutivo ante los casos de corrupción que lo rodean.
Europa y la Justicia piden claridad
La Comisión Europea ha solicitado información detallada sobre el uso de los fondos vinculados al caso Koldo.
Bruselas advierte que, de confirmarse irregularidades en el empleo de recursos comunitarios, podría exigir la devolución de las ayudas y sanciones administrativas al Estado.
Mientras tanto, la Fiscalía Europea (EPPO) colabora con la Audiencia Nacional para rastrear el posible desvío de dinero de programas financiados por la Unión Europea.
Un desafío para la democracia
La corrupción ha sido una constante en la política española de las últimas décadas, afectando a partidos de todo signo.
No obstante, que las sospechas alcancen al núcleo del Gobierno en ejercicio tiene un efecto devastador en la confianza institucional.
Expertos en ética pública coinciden en que el país necesita mecanismos de control más ágiles y una cultura de responsabilidad política más firme, donde las dimisiones no dependan de la presión mediática, sino de la ética de servicio público.
Conclusión
El Gobierno español encara un otoño complicado. Con varios frentes judiciales abiertos y la presión de Bruselas, Pedro Sánchez afronta el reto de sostener su estabilidad política en medio de la tormenta.
Mientras la Justicia avanza, el país observa con escepticismo si realmente, esta vez, la promesa de “tolerancia cero con la corrupción” se cumple.
